Este proyecto pone soluciones reales, a través un completo texto legislativo plenamente adaptado a las competencias autonómicas en materia de vivienda y consumo, que hacen efectivo el derecho a la vivienda para todas y acaba con los cortes de suministros a quienes sufren un bache. Lo avala el saber político y jurídico acumulado por las organizaciones promotoras, junto al deseo mayoritario de cambiar lo injusto. Resumidamente, el proyecto actúa en cuatro ámbitos:

*Vivienda pública: articula medidas para facilitar el acceso a la vivienda pública y social, y establece medidas para prohibir su venta a terceras partes, como los conocidos popularmente como 'fondos buitre' (Madrid ha perdido 5.000 viviendas públicas desde 2013 por este motivo). Haz que la vivienda se conciba como un bien de primera necesidad.

*Medidas contra el uso antisocial de la vivienda: Se establece un régimen sancionador, que afecta a grandes propietarios de vivienda (entre los que se encuentran, muy especialmente, los bancos y otros actores del sector financiero e inmobiliario), para evitar dos principales usos antisociales: los desahucios de hogares empobrecidos sin una alternativa en forma de alquiler social; y el mantenimiento de un parque de vivienda sin habitar. Pon a la banca al servicio de las personas y no al revés.

*Consumo: La ILP exprime al máximo las competencias autonómicas en consumo para crear una Agencia de protección al consumidor, inspectora y sancionadora, para evitar los abusos en materia de vivienda practicados por los grandes tenedores. Dichos abusos están ya plenamente descritos y declarados ilegales por las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) relacionados con las cláusulas suelo, la cláusula de vecimiento anticipado, los índices abusivos como el IRPH, etc; clausulas que han contribuido para que en la Comunidad de Madrid se hayan producido más de 125.000 desahucios (en su mayoría de vivienda habitual) desde 2008. Acaba con la impunidad y el dolor.

*Pobreza Energética: La ley prohíbe los cortes de luz y agua sin tutela de las administraciones públicas y los servicios sociales para los hogares empobrecidos. También propugna una tarifa social en el tramo vital de estos suministros. Hay vidas en juego.

Con la ley no sólo evitarás los desahucios de los hogares en peor situación socioeconómica, sino que pondrás las bases para un derecho exigible a la vivienda en la Comunidad de Madrid. Como tú, queremos que los jóvenes se puedan emancipar y que quienes sufren violencia tengan un techo seguro. Así, este derecho protegería también a inquilinos en renegociación con los grandes tenedores de vivienda. Y al conjunto de la población, al declarar inajenable el parque público de vivienda existente y facilitar el acceso a la vivienda pública y social.

Tras el bloqueo estatal del PP en 2013 a las demandas ciudadanas de la ILP anti-desahucios y pro-vivienda en alquiler social, las afectadas acordamos -entre las diferentes estrategias de respuesta, que incluían la profundización de las campañas de desobediencia civil como Stop Desahucios o la recuperación de edificios vacíos en manos de la banca- mover el campo de batalla legislativo al terreno autonómico. De ahí diferentes iniciativas para cambiar la legislación de vivienda, consumo y pobreza energética en Navarra, Cataluña, País Valenciano, Murcia... ¡y ahora también en Madrid! Cada vez un pasito más, en beneficio de todas.

El principal objetivo a medio plazo que persigue la ILP -y por consiguiente también este crowdfunding- es terminar con los desahucios de vivienda habitual y los cortes de suministros en la Comunidad de Madrid, así como promover el derecho subjetivo a la vivienda pública y social, lo cual incluye la prohibición de su mercadeo especulativo. Mientras no se cumpla, seguiremos en la brega.

El objetivo a corto plazo del proyecto ya se ha conseguido gracias a la ayuda desinteresada de un grupo de personas que adelantó el esfuerzo económico necesario para, desde cero, superar el mínimo de 50.000 firmas, condición indispensable para que la ILP sea tramitada en la Asamblea de Madrid. Estamos en deuda con estos valientes, que arriesgaron antes de recibir algo a cambio.
La campaña de crowdfunding va dirigida a sufragar los gastos inevitables de la campaña y recogida de firmas: gastos logísticos y materiales de propaganda, gastos de notaría relacionados con la impresión y distribución de los pliegos físicos de firmas, gastos tecnológicos (hosting y elementos web) y de preparación de eventos, que nos han dejado en números rojos. Y si alcanzamos el óptimo, llevaremos toda esa fuerza al desborde de los límites que tratan de imponer a quienes quieren mejorar las condiciones en las que vivimos. Por una ley popular de vivienda.

El grupo promotor de la ILP madrileña por el derecho a la vivienda está formado por la Coordinadora de Vivienda de Madrid (PAHs y grupos 15M de vivienda), la Asociación Libre de Abogados y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM).

La PAH se creó en 2009 y con el apoyo del 15M ha sido una organización popular clave para dar una dimensión pública al drama de los hogares condenados a deudas de por vida y a perder su vivienda, especialmente mediante su campaña más conocida, Stop-Desahucios. En 2013 la PAH (junto a otras organizaciones) recogió más de 1.500.000 firmas en una ILP estatal, precedente de la actual ILP madrileña, que sólo fue tumbada por la entonces mayoría absoluta del PP en el Congreso. Y aún así no ha dejado de obtener pequeñas grandes victorias, que ha compartido abierta y gratuitamente para el beneficio de todas.

ALA es desde 1989 uno de los referentes jurídicos estatales en campañas relacionadas con el respeto a los derechos humanos y el fomento de una administración de justicia igualitaria y accesible. Para que tus derechos sean respetados.

Por su parte, la FRAVM lleva más de 40 años federando al movimiento vecinal y ciudadano madrileño para que sea ineludiblemente tenido en cuenta por todas las administraciones públicas. Además de recoger el poso y la experiencia histórica del movimiento vecinal de los 70, uno de los constructores del mejor Madrid que tenemos hoy, la FRAVM continúa incansablemente articulando numerosas demandas vecinales, en urbanismo y vivienda entre otras muchas áreas.

Juntas hemos superado los retos jurídicos, de comunicación y de logística que plantea un proyecto de esta dimensión, con la ayuda de cientos de organizaciones populares colaboradoras.