¿Quién cobra la obra?

Compartimos un texto que hemos escrito para el blog 'No me pidan calma' de La Voz de Galicia. Gracias a su editor, Xosé Cuns Traba, por hacernos un hueco en sus páginas (una vez más).

Aquí podéis leer el post original con la más que generosa introducción de Xosé. 

¿Por qué deberíamos vigilar entre todos los contratos de obra pública?

Tal vez no resida usted de la comunidad autónoma de Aragón, pero quizá haya leído estos días en los medios sobre el caso de corrupción urbanística del Zaragoza Plaza. En pocas palabras, se trata de una adjudicación a dedo a una importante constructora para levantar una plataforma logística. La UDEF está investigando un pufo millonario, con más de 94 millones sin justificar, urdido por vías que seguro que le suenan: cobro de trabajos no realizados, sobreprecios sobre obras sí realizadas, certificaciones fraudulentas y facturas falsas para cargar gastos inexistentes. Si este caso le resulta ajeno, seguro que hay otro similar muy cerca de su casa.  

El del Zaragoza Plaza es un caso reciente y representativo de las extracción de recursos públicos debido a al fallo de todos los mecanismos de control que pesan sobre los procesos de contratación pública. Y en particular, sobre los contratos de obra civil, la parte más golosa de eso que para algunos parece haber sido todo un pastel durante los años de la burbuja y el ladrillo. Mecanismos que fallan, prácticas opacas… Aclaremos una cosa: no todas las prácticas opacas que rodean a la contratación de obra civil tienen por qué ser prácticas corruptas. No todas las conductas opacas sirven para ocultar un hecho ilegal, pero limitan la capacidad vigilante de cualquier ciudadano concienciado sobre la gestión de lo público.

De acuerdo, ¿pero por qué querríamos usted o yo auditar la contratación de obra pública?

En primer lugar,porque el dinero de la obra pública es de todos, y tenemos derecho a saber a quién estamos contratando. Sí, deberíamos poner nombre, y siempre con datos fiables, a las personas y empresas que más se han beneficiado de estas adjudicaciones y conocer mejor sus vínculos con lo público. Al fin y al cabo, no contaremos con una panorámica amplia del problema si no investigamos tanto del adjudicador como del adjudicatario.

En segundo lugar, porque la ley tiene goteras: exige neutralidad y transparencia en los pliegos administrativos de los procesos de contratación, pero es necesario comprobar si estas dos condiciones se respetan. De hecho, también prohíbe expresamente trocear contratos para eludir las obligaciones de publicidad o del procedimiento de adjudicación, y basta bucear en las hemerotecas para encontrar numerosos ejemplos de obras edificadas “a cachitos”. El Zaragoza Plaza pone de manifiesto la existencia de sobrecostes y de gastos inexistentes, pese a que la ley no permite ampliar el coste de una obra a mitad de la edificación si esa variación no responde a los objetivos iniciales de la infraestructura.

Lo grave radica en que, pese a todas estas vulnerabilidades de control, los ciudadanos aún no tenemos acceso a información clave sobre estas adjudicaciones, que sí tiene cualquiera en países como Reino Unido. Se trata de información consolidada, verificable, abierta y reutilizable tan básica como los precios de adjudicación, las fechas de ejecución y la trazabilidad de todos los cambios importantes, cuál es la administración pública que paga la obra, los nuevos costes de ejecución (de haberlos) y, lo más importante, qué empresa se llevó el contrato.

Arrojar luz sobre la obra pública y promover medidas de transparencia no va a acabar de un plumazo la corrupción, pero sí va a hacer posible una vigilancia más precisa y fundamentada por parte de los ciudadanos. Y sólo por eso ya merece la pena.

Por eso, desde la Fundación Ciudadana Civio (que ya hemos escarbado anteriormente en múltiples fuentes de información para investigar los indultos, los vínculos entre los poderosos, la distribución del gasto público, las leyes, decretos y nombramientos que aparecen en el BOE y o tras lagunas informativas) queremos investigar en 2015 estos contratos de obra civil.

Hemos llamado a esta iniciativa ¿Quién cobra la obra? Consiste, lo primero, en extraer del BOE por medios informáticos todos estos datos relevantes y armonizados (para estas grandes adjudicaciones, el BOE presenta más y mejor información normalizada que el Portal de Contratación del Estado). Con ellos queremos crear una base de datos pública y reutilizable para cualquier ciudadano, empresa, colectivo u organización. Una vez extraída la información, la analizaremos para encontrar ejemplos de prácticas poco transparentes en este terreno. Y, como ya nos estamos familiarizando con la Ley de Contratos del Sector Público, una de las complejas a las que nos hemos enfrentado, elaboraremos recursos y materiales didácticos para explicar en negro sobre blanco las normas escritas y no escritas de la contratación pública.

Para hacer realidad ¿Quién cobra la obra? hemos iniciado una campaña de micro-financiación colectiva que ya ha recibido el apoyo de 147 personas en apenas 21 días. Estamos al principio de la senda, y ésta debe llevarnos a tener todos los datos importantes de los grandes contratistas de obras públicas, ordenados, estructurados e investigados a lo largo de 2015. Si el proyecto prospera, será la primera pieza de una gran radiografía de la contratación pública. Al BOE sumaremos el BORME y todos los portales de contratación locales y autonómicos. Y de la obra civil pasaremos a otros sectores. Es una causa ambiciosa. Abordamos con ilusión el primer paso. Si desea ampliar información, o intentar ayudarnos a que se convierta en realidad, por favor visite la campaña. ¿Quién cobra la obra? De momento, lo qué si sabemos es que la pagamos todos.